Posteado por: Arnold Cruzado Ruiz | octubre 11, 2008

EL MEDIO AMBIENTE COMO BIEN PÚBLICO

Se puede entender al medio ambiente como un bien público, el cual no puede quedar desterrado de las decisiones que adopte el gobierno en materia de política social. Es en este campo que la regulación estatal, no entendida como nacionalización ni adopción de medidas restrictivas que limiten la actividad empresarial, debe quedar claramente establecida, dada la presencia de externalidades negativas, que complican el normal desarrollo de nuestras actividades. En esta materia ya se han planteado algunas de las posibles soluciones como la aplicación de una tasa impositiva para aquellas empresas causantes de la contaminación y que su proceso productivo este basado en el carbono, dadas las desventajas que esto significa para el resto de la población, que no tendríamos porqué pagar por algo de lo que no somos responsables directos (Informe Stern). Esta medida aún estaría sujeta a evaluación, ya que los contextos varían entre naciones pero ya conocemos que los principales perjudicados seremos los países andinos y subdesarrollados.

Sin embargo, existen propuestas alternativas y no de corte económica como las planteadas por un reciente informe desarrollado por el investigador Jesús Castillo Segura (doctor en biología y Premio de Investigación Sobre Energía y Cambio Climático), en el cual se determina que un árbol podría absorber, en promedio, los gases que emiten 100 automóviles de forma diaria. Esto en el marco de la problemática generalizada en torno al cambio climático y los desastres que esto supone.

De esta manera se dan a conocer evidencias empíricas que incentivan a tomar medidas concretas de cara a reducir el impacto en las actividades no sólo sanitarias sino productivas dentro de una economía, ya que no debemos olvidar que la emisión de gases de efecto invernadero “es algo más que un problema ambiental, ya que tiene repercusiones sociales y económicas muy graves”.

Informes desde distintas partes del mundo y desarrollados por variadas entidades dan a conocer los grandes costos que esta catástrofe significará en los años venideros. Un acuerdo entre organismos públicos y organizaciones ambientales, que trabajen de la mano, se hace necesario. El Estado también debe tomar un papel activo en este sentido, ya que una de sus obligaciones es velar por el bienestar social de la población, y esto implica más que el análisis económico, político y/o cultural, un compromiso sólido con la sociedad para crear un ambiente sostenible.


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